El proyecto sobre una nueva Ley de Radiodifusión planteada por la “Coalición por una Radiodifusión para la Democracia” presenta una serie de puntos que tienen como uno de los objetivos principales, terminar con los monopolios de los medios.
¿Cuál será el apuro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en modificar las concesiones que hizo su marido durante el Gobierno anterior, ya que había consolidado la concentración de los medios y la fusión de las empresas de cable?
Quizás la cobertura de los medios -principalmente la del Grupo Clarín-, acerca del conflicto entre el Gobierno y los sectores agrarios haya sido un motivo para que se acelere el nuevo proyecto de ley.
Si bien no estaría mal que haya comunicación entre los dueños de los medios y el Gobierno, eso no les debería permitir a los funcionarios manipular la información y amoldarla para su conveniencia.
Entonces, la nueva Ley de Radiodifusión debería contemplar y prohibir también la posibilidad de que las autoridades de los medios realizaran algún tipo de pacto o trato con el gobierno de turno y/o empresas, y que estos condicionen su manera de transmitir y brindar información.
María Cristina Mata -docente e investigadora en comunicación del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba-, dijo que al legislarse la Ley de Radiodifusión no se puede ignorar la mercantilización y concentración monopólica que hoy tiene ese sector. “Si la nueva ley no establece restricciones y no promueve la propiedad y gestión pública y social de emisoras de radio y televisión, será muy difícil avanzar en el proceso de democratización de las comunicaciones”, agregó Mata.
Para garantizar la democracia de la información, se necesita que el Gobierno no interceda, ni intente pactar con los medios, ya que cada sector debe tener libertad para decir lo que opina sin someterse a presiones de quienes persiguen intereses personales.
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